Un estudio de Defensa estudia suprimir el arraigo social y laboral porque genera "efecto llamada"

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) considera que los inmigrantes "se arriesgan" a llegar de manera irregular porque "tarde o temprano legalizarán su situación"

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EFE. Madrid | Un estudio del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) plantea que se suprima de la actual legislación la regularización de extranjeros por arraigo social o laboral al entender que son estas disposiciones legislativas las que generan "efecto llamada". Este planteamiento se recoge en la publicación "El control de los flujos migratorios hacia España: situación actual y propuestas de actuación". Concretamente, se recoge en el capítulo, "Inmigración y Mercado Laboral", realizado por Pilar Peligero Escudero, técnico superior de la Seguridad Social.

Peligero, que fue subdirectora general de Regulación de la Inmigración y Migraciones Interiores del Ministerio de Trabajo durante el último Gobierno del PP, plantea que se modifique la legislación para que la posibilidad de que una persona en situación irregular pueda normalizar su situación administrativa quede configurada como una facultad de las autoridades para ejercer en aquellos casos en que se valore que concurren circunstancias excepcionales.

En la legislación vigente, los extranjeros que acrediten tres años de permanencia en España, presenten un contrato de trabajo y tengan lazos familiares en España o un informe de integración social de un ayuntamiento (arraigo social) pueden legalizar sus situación. Igualmente, pueden hacerlo aquellos que acrediten su permanencia durante dos años y puedan probar, mediante sentencia judicial o acta de la Inspección de Trabajo que hubo una relación laboral durante al menos un año con un empleador (arraigo laboral) también pueden normalizar su situación.

"Con esta medida (suprimir estas figuras y limitar la regularización a la facultad de las autoridades) se evitarían las perspectivas que se abren a la inmigración irregular, que conociendo esta posibilidad se arriesga a entrar y permanecer en situación irregular en nuestro país, sabiendo que tarde o temprano legalizará su situación, operando verdaderamente la regulación actual de la situación de arraigo como efecto llamada", explica.

Peticiones de arraigo

El año pasado, un total de 6.619 extranjeros cumplieron, según la Administración con los requisitos que exige el arraigo social, aunque solicitaron lo solicitaron hasta 22.958 personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por el momento, se le ha denegado esta posibilidad a 2.500, mientras que el resto de las 13.839 solicitudes están todavía en trámite. En cuanto al arraigo laboral, los obtuvieron 223 de los 720 que lo solicitaron. La Administración ha denegado por el momento 89 expedientes y quedan por resolver 408.

El texto señala también en España hay como mínimo más de un millón de extranjeros en situación irregular, especialmente, rumanos, ecuatorianos, argentinos y marroquíes. Por otro lado, apunta que más de un millón de extranjeros empadronados no ocupa ningún puesto de trabajo (se trataría de pensionistas, rentistas y menores). Igualmente, advierte de que en torno a 400.000 extranjeros que están ocupados ejerciendo un puesto de trabajo, no están cotizando a la Seguridad Social, por lo que podrían encontrarse en el espacio de la economía sumergida.

Entre otras medidas para reformar las vías legales y reducir la entrada irregular, recomienda el fomento de los visados de búsqueda de empleo para extranjeros con el fin de adecuar en el tiempo las necesidades de los empresarios con la llegada de trabajadores desde el exterior.

Asimismo, sugiere la integración de todas las competencias de inmigración en un sólo organismo dependiente de la Administración General del Estado, que podría ser la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, cuya creación está prevista en la Ley de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos. Finalmente, plantea la creación, dentro de la Administración General, de un cuerpo de funcionarios especializados en la ordenación y gestión de los flujos migratorios.