Más de 1.500 bolivianos llegan por día a Barajas en la víspera de la entrada en vigor del visado de entrada

20MINUTOS.ES / EFE

Bolivianos que no podrán viajar a España por la cancelación de vuelos de la aerolínea LAB permanecen en huelga de hambre en el aeropuerto de Cochabamba (Foto: Efe)

• Desde el día 1, la UE exigirá visado de entrada a los ciudadanos bolivianos.
• Cientos de ellos tratan de llegar a España antes de que entre en vigor la nueva medida.
• Los bolivianos que viajaban en un crucero de lujo serán repatriados a su país.
• Antes, harán escala en Madrid.

Cientos de bolivianos llegaron durante esta semana al aeropuerto de Barajas en Madrid en vuelos procedentes de Argentina, Brasil y Chile, según explicaron diferentes fuentes aeroportuarias, que cifraron en más de 1.500 el número de bolivianos que llega cada día a Barajas entre viajes directos e indirectos.

Este domingo entra en vigor la petición de visado para los ciudadanos bolivianos que quieran viajar a la Unión Europea, lo que ha hecho que durante los últimos meses se haya triplicado el número de ciudadanos de ese país que ha llegado, según datos del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Desde enero han aterrizado en Barajas aproximadamente noventa vuelos directos procedentes de Bolivia.

LAB dejó volar el pasado domingo, lo que ha dejado en tierra a millones de bolivanos con su billete comprado

Las compañías Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y Aerosur, las únicas que durante los últimos meses han volado directamente entre España y Bolivia, incrementaron sus vuelos desde el pasado verano de tres semanales a cuatro o incluso cinco, todos "repletos" con más de 300 pasajeros, lo que supone la entrada de 3.000 personas cada semana.

LAB dejó de volar a España el pasado domingo, aunque las operaciones se cancelaron oficialmente el miércoles 29, cuando tres de los gerentes de la aerolínea ingresaron en prisión acusados por la Fiscalía de una presunta estafa a más de un millar de emigrantes.

La cancelación de los vuelos de LAB ha conllevado que miles de bolivianos no puedan viajar a España antes de que entre en vigor la petición del visado.

Los agentes de Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía tramitan cada día entre sesenta y cien expedientes de rechazo de ciudadanos extranjeros, en su mayoría bolivianos.

Los agentes realizan entrevistas a los ciudadanos extranjeros que son inadmitidos, en presencia de abogados del turno de oficio, y posteriormente son trasladados a una sala situada en la Terminal 1, propiedad de AENA y custodiada por el Cuerpo Nacional de Policía y vigilantes de seguridad del aeropuerto.

España ha reforzado los controles fronterizos para detectar la inmigración irregular, según confirmaba este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Los bolivianos del 'Sinfonía'

Por su parte, las autoridades italianas han solicitado la colaboración de España para el tránsito de los 86 ciudadanos bolivianos que viajaban en un crucero de lujo, 'Sinfonía', y que llegarán a Madrid para tomar un vuelo directo de regreso a su país.

Apelan a la ayuda española porque desde Génova no hay vuelos directos a Bolivia

Todos ellos viajaban indocumentados en un crucero de lujo, que había partido Brasil, e intentaron desembarcar sin éxito en tres ciudades españolas en las que el barco hacía escala: Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Valencia.

Al percatarse las autoridades españolas de que no llevaban la documentación en regla, las Fuerzas de Seguridad, a instancias de la Delegación del Gobierno, impidieron a los pasajeros bolivianos abandonar el barco.

Las mismas fuentes insistieron en que las autoridades italianas se han hecho cargo de todos los trámites de repatriación y que sólo han solicitado ayuda al Gobierno español para realizar el tránsito de éstos pasajeros en Madrid.

Apuntaron que saldrán desde el aeropuerto de Barajas, sin precisar la hora ni el día, porque desde Génova no existe un vuelo directo.

Alcanza España segundo lugar en flujo de inmigrantes

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España se ubicó como el segundo país con mayor flujo de inmigrantes, después de Estados Unidos, al alcanzar 10,8 por ciento de su población total, según un estudio elaborado por el sociólogo Antonio Izquierdo y difundido el día 23 por la Fundación BBVA.

En España viven 4,8 millones de extranjeros, de los cuales un promedio de 500.000 han ingresado al país cada año desde 2000, para ser el primer factor de crecimiento de la población en su conjunto y en todas las comunidades autónomas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y padrones municipales.

El estudio "Demografía de los Extranjeros", de Izquierdo mostró que en los últimos cinco años la intensidad migratoria supera la historia de España como país de emigrantes, a América primero y a Europa a mediados del siglo XX, que fueron entre 10 y 12 por ciento, indicó Izquierdo.

En lo que va del siglo el crecimiento de España ha mantenido una tasa de 16,8 personas por cada 1.000 habitantes con una tasa de nupcialidad de 14 por ciento (matrimonios en donde uno de los cónyuges es extranjero).

Cataluña, Valencia y Madrid son los tres grandes focos que concentran la población extranjera, seguidas de Andalucía, Murcia, los dos archipiélagos y Aragón, las poblaciones con mayor auge económico en servicios de la construcción y la agricultura.

En cuanto a la natalidad, el informe refleja que en 2005 se registró un porcentaje de nacimientos de madres extranjeras de 15,1 por ciento del total de nacidos en España, con ocho comunidades donde los nacimientos de madre extranjera superaron la media nacional. (Xinhua)
26/03/2007

Normativa extranjería limita derecho trabajo inmigrantes, según expertos

El derecho al trabajo es uno de los primeros derechos sociales ‘limitados’ para el inmigrante en la actual normativa de extranjería española por el sistema de cuotas y contingentes y las dificultades que encuentran a la hora de trabajar les empujan a la economía sumergida.
Así lo puso hoy de manifiesto una de las participantes en la mesa dedicada a la economía y al mercado de comercio que se ha desarrollado hoy en el quinto Congreso sobre la Inmigración en España que organiza la Universitat de Valéncia y el Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes.

En esa mesa de trabajo, dedicada a los aspectos económicos de la inmigración y a la situación de los inmigrantes dentro de las características propias del mercado laboral español, también se puso de relieve el ‘fuerte impacto’ que tiene la segmentación del mercado de trabajo español en sus condiciones laborales.

En ese sentido, se señaló que las propiedades del mercado español restringen a los inmigrantes, no sólo a ocupaciones de los sectores secundario y terciario sino que, además, ‘los someten a condiciones laborables más desfavorables’.

En un total de once mesas de trabajo se presentarán comunicaciones de trescientas instituciones participantes en las que se refleja, hasta el 24 de marzo, la ‘enorme relevancia que ahora mismo posee el fenómeno migratorio para un nutrido bloque poblacional’.

Las temáticas abordadas en las mesas de trabajo abarcan diferentes aspectos de la inmigración como la salud, la economía, la demografía, los modos de convivencia, la vivienda, la familia, la juventud, la niñez, la integración, los servicios sociales y el papel de la mujer, entre otros.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones de las Universitat de Valéncia, Campus dels Tarongers, Fundación CeiM y el Aula Magna del edificio universitario La Nau.

Terra Actualidad - EFE

Crece la percepción social de que los inmigrantes contribuyen al desarrollo

Seis de cada diez españoles continúan pensando que el número de acogidos es excesivo

http://www.ultimahora.es

EFE-MADRID
La mayoría de los españoles opinan que los inmigrantes realizan una importante contribución al desarrollo económico del país, aunque también creen que es excesivo el número de personas extranjeras que viven en nuestro país, según una encuesta divulgada ayer por la Secretaría de Estado de Inmigración.

El sondeo, realizado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y hecho público en el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, pone de manifiesto «paradojas» en la opinión de los españoles sobre este asunto, según explicó la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. «No existe motivo para la alarma, los resultados son globalmente positivos, lo que demuestra la madurez de la sociedad española que mayoritariamente se muestra partidaria de la diversidad», señaló Rumí, quien opinó que la percepción de que hay excesivos inmigrantes ha sido por la «celeridad» de su llegada en los últimos años.

2.400 entrevistas
Este estudio, realizado sobre 2.400 entrevistas en toda España, expone que el 61,8 por ciento piensa que el número de inmigrantes que hay actualmente en España es excesivo y casi la mitad se muestra a favor de acoger a las personas que solicitan asilo o refugio político.

Respecto a cómo gestionar la inmigración laboral, tres de cada cuatro españoles creen que sólo se debería permitir la llegada de los que tienen contrato de trabajo y un porcentaje similar considera que ocupan los puestos que los españoles no desean.

Sobre la aceptación de los encuestados a trabajar y convivir con los inmigrantes, la mayoría aceptaría este tipo de relación, aunque los porcentajes disminuyen al abordar la proximidad en el ámbito del vecindario o de la familia. Así, un 90 por ciento trabajaría con inmigrantes y en torno al 80% tendría un jefe inmigrante, permitiría que sus hijos llevaran a casa a inmigrantes y viviría en el mismo barrio.

Uno de cada seis habitantes de Madrid es un inmigrante

eltiempo.com

En las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español, entre 2000 y 2006, Colombia figura en el tercer lugar como país de procedencia de los familiares, fuera de la UE.

Desde hace cerca de una década la sociedad española se ha transformado con la llegada masiva de inmigrantes.

A pesar de que las políticas de ingreso se han endurecido en casos como los de la mayoría de los países latinoamericanos, cuyos nativos deben tener un permiso de ingreso o visado, la inmigración a España no cesa.

Casi el diez por ciento de la población total (cuarenta millones de personas) es extranjera y en los últimos tres años entraron al país 245 mil inmigrantes mediante la figura de la reagrupación familiar.

Este mecanismo le permite a un extranjero, que cumple ciertos requisitos y tiene tarjeta de residencia, traer a sus hijos menores, cónyuge e hijos del cónyuge menores de 18 años, y a sus ascendientes dependientes.

Tras un periodo de estabilización y luego de un proceso de regularización masiva que en el 2005 sacó de su condición ilegal a 700 mil extranjeros, muchos residentes inmigrantes ya están en condiciones de solicitar la reagrupación de sus familiares directos.

En las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre 2000 y 2006, Colombia figura en el tercer lugar como país de procedencia de los familiares, fuera de la Unión Europea (UE).

Con 34.541 personas, se sitúa detrás de Marruecos (112.649) y China (36.037), pero delante de los ecuatorianos (29.895).

En ese mismo lapso, la cantidad de permisos concedidos aumentó de manera considerable. Mientras en el año 2000 solo figuran siete, en el 2006 ya se acumulaban 276.676.

La UE regula en una directiva la obligación de sus miembros a ofrecer la reagrupación familiar a los inmigrantes.

De acuerdo con la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, "estamos ante la segunda fase de un proyecto migratorio familiar".

En ello coincide el economista colombiano Luis Jorge Garay, investigador del fenómeno de las migraciones de nuestro país. "El emigrante que ha salido en los últimos años de Colombia actúa de acuerdo con un proyecto familiar, no individual", dice.

Muchos de ellos ya están en posición de dar un paso más dentro de ese plan, y construyen un puente para que los acompañe el resto de la familia en su nueva vida en España.

La situación en Madrid

Uno de cada seis madrileños es extranjero. Esto quiere decir que de los seis millones de habitantes de la capital española, un millón es inmigrante.

En solo un año la población foránea aumentó en un 25 por ciento, que representa cerca de 200.000 personas más. Casi la mitad procede de países de América Latina.

Colombia, con 77.305 individuos (7,7 por ciento) ocupa el cuarto lugar de los colectivos extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística.

Le preceden los ecuatorianos (16,6 por ciento), los rumanos (15,5 por ciento) y los marroquíes (8,3 por ciento).

Juanita Samper Ospina
Corresponsal de EL TIEMPO
Madrid

Un estudio de Defensa estudia suprimir el arraigo social y laboral porque genera "efecto llamada"

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) considera que los inmigrantes "se arriesgan" a llegar de manera irregular porque "tarde o temprano legalizarán su situación"

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EFE. Madrid | Un estudio del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) plantea que se suprima de la actual legislación la regularización de extranjeros por arraigo social o laboral al entender que son estas disposiciones legislativas las que generan "efecto llamada". Este planteamiento se recoge en la publicación "El control de los flujos migratorios hacia España: situación actual y propuestas de actuación". Concretamente, se recoge en el capítulo, "Inmigración y Mercado Laboral", realizado por Pilar Peligero Escudero, técnico superior de la Seguridad Social.

Peligero, que fue subdirectora general de Regulación de la Inmigración y Migraciones Interiores del Ministerio de Trabajo durante el último Gobierno del PP, plantea que se modifique la legislación para que la posibilidad de que una persona en situación irregular pueda normalizar su situación administrativa quede configurada como una facultad de las autoridades para ejercer en aquellos casos en que se valore que concurren circunstancias excepcionales.

En la legislación vigente, los extranjeros que acrediten tres años de permanencia en España, presenten un contrato de trabajo y tengan lazos familiares en España o un informe de integración social de un ayuntamiento (arraigo social) pueden legalizar sus situación. Igualmente, pueden hacerlo aquellos que acrediten su permanencia durante dos años y puedan probar, mediante sentencia judicial o acta de la Inspección de Trabajo que hubo una relación laboral durante al menos un año con un empleador (arraigo laboral) también pueden normalizar su situación.

"Con esta medida (suprimir estas figuras y limitar la regularización a la facultad de las autoridades) se evitarían las perspectivas que se abren a la inmigración irregular, que conociendo esta posibilidad se arriesga a entrar y permanecer en situación irregular en nuestro país, sabiendo que tarde o temprano legalizará su situación, operando verdaderamente la regulación actual de la situación de arraigo como efecto llamada", explica.

Peticiones de arraigo

El año pasado, un total de 6.619 extranjeros cumplieron, según la Administración con los requisitos que exige el arraigo social, aunque solicitaron lo solicitaron hasta 22.958 personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por el momento, se le ha denegado esta posibilidad a 2.500, mientras que el resto de las 13.839 solicitudes están todavía en trámite. En cuanto al arraigo laboral, los obtuvieron 223 de los 720 que lo solicitaron. La Administración ha denegado por el momento 89 expedientes y quedan por resolver 408.

El texto señala también en España hay como mínimo más de un millón de extranjeros en situación irregular, especialmente, rumanos, ecuatorianos, argentinos y marroquíes. Por otro lado, apunta que más de un millón de extranjeros empadronados no ocupa ningún puesto de trabajo (se trataría de pensionistas, rentistas y menores). Igualmente, advierte de que en torno a 400.000 extranjeros que están ocupados ejerciendo un puesto de trabajo, no están cotizando a la Seguridad Social, por lo que podrían encontrarse en el espacio de la economía sumergida.

Entre otras medidas para reformar las vías legales y reducir la entrada irregular, recomienda el fomento de los visados de búsqueda de empleo para extranjeros con el fin de adecuar en el tiempo las necesidades de los empresarios con la llegada de trabajadores desde el exterior.

Asimismo, sugiere la integración de todas las competencias de inmigración en un sólo organismo dependiente de la Administración General del Estado, que podría ser la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, cuya creación está prevista en la Ley de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos. Finalmente, plantea la creación, dentro de la Administración General, de un cuerpo de funcionarios especializados en la ordenación y gestión de los flujos migratorios.

El Gobierno recabará datos de todos los pasajeros provenientes de países fuera del espacio Schengen

Las compañías que no faciliten los datos correctamente serán sancionadas con multas de 6.001 a 60.000 euros.

http://www.heraldo.es

OTR/ PRESS. Madrid | Todos los pasajeros controlados. El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, solicitará a las compañías, empresas de transportes y transportistas -a partir del lunes y por adelantado- los datos de todos los pasajeros que viajen o hagan escala en España desde cualquier punto de fuera del espacio Schengen. En caso de no facilitar los datos o falsificarlos, los responsables deberán pagar multas de entre 6.001 y 60.000 euros.

La medida se empezó a aplicar en Estados Unidos tras los atentados del 11-S. En España, fue el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, el que la promovió en la Unión Europea, a raíz del atentado del 11-M. El fin de esta medida sería mejorar el control de las fronteras en materia de lucha antiterrorista. Pero ya antes, en 2003, el Gobierno español la incorporó a la Ley de Extranjería con el fin de luchar con la inmigración irregular.

El Ministerio del Interior aseguró que comenzará los controles a partir del lunes, convirtiéndose así en el primer país de la UE que pone la medida en marcha. Un instrumento que facilitará a la Policía y la Guardia Civil el control de las fronteras y la lucha contra el terrorismo. De esta forma, las compañías, empresas de transportes y transportistas que realicen rutas marítimas, aéreas o terrestres hacia España desde fuera del espacio Schengen -en el que se hayan la mayoría de los países de la UE- deberán remitir a la Secretaría de Estado de Seguridad los datos de sus pasajeros inmediatamente después de embarcar.

Con esta medida, las autoridades españolas podrán proceder a repatriar en el mismo avión que los ha transportado hasta España a aquellos viajeros, de fuera del espacio Schengen, que no cumplan los requisitos legales y que, por lo tanto, puedan ser potenciales inmigrantes irregulares.

En los casos en los que se incumpla esta obligación, o se envíen datos falsos o incompletos, los responsables se enfrentarán a multas de entre 6.001 y 60.000 euros por infracción muy grave a la Ley de Extranjería. La Secretaría de Estado de Seguridad deberá remitir mensualmente a la de Inmigración y Emigración un informe estadístico completo, en el que se recogerán todos los datos transmitidos, desglosados por rutas, nacionalidad de los pasajeros o puesto fronterizo de entrada.

Diferentes rutas

El Ejecutivo reconoció que no todas las escalas o trayectos efectuados dentro de una ruta que acceda al territorio nacional incidirán de manera relevante en la inmigración ilegal o puedan afectar a la seguridad pública, ya que consideró que algunas cuyo origen esté en países o zonas que no presentan riesgo pueden incluir escalas o trayectos intermedios en zonas que sí lo presenten.

Por su parte, la Asociación Española de Compañías Aéreas pidió al Ministerio del Interior que sea flexible en los primeros meses de aplicación de la medida, ya que, aunque aseguró que están preparados temen que se puedan producir errores al comienzo.

890 actas de expulsión de extranjeros en 2006

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Oriol Piulats

sábado, 17 de marzo de 2007

PALMA.- Delegación de Gobierno firmó 890 actas de expulsión de extranjeros en Baleares el pasado año, aunque no todos los afectados por esa medida han regresado a sus países de origen. Muchos de ellos contratan a un abogado para recurrir la decisión en los tribunales, circunstancia que les permite prolongar su estancia en el país, y otros, sencillamente "desaparecen" o deciden regresar antes de que el plazo se agote. La Oficina de Extranjería de Baleares resolvió en 2006 un total de 70.176 expedientes relacionados con inmigrantes, de los que 890 fueron de expulsión, y atendió hasta 122.091 consultas personalizadas de información y documentación a este colectivo. El año pasado finalizó con 129.226 extranjeros registrados (el 60 por ciento pertenece a países extracomunitarios), que suponen casi el 13 por ciento de la población y suman 148 nacionalidades diferentes. BALEARES, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON MÁS INMIGRANTES Asimismo, siete comunidades autónomas tienen más de una décima parte de su población compuesta por extranjeros, en especial las Islas Baleares, que superan el 16 por ciento, según los datos definitivos del Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según estos datos, la población española se cifró en 2006 en 44.708.964, tras incrementarse un 1,36 por ciento, respecto al último año, mientras que el número de extranjeros empadronados en esa fecha fue de 4.144.166, lo que supone un 9,27 por ciento del total de la población. Baleares, con el 16,76 por ciento, es la Comunidad con más población inmigrante seguida de la Comunidad Valenciana (13,90 por ciento), Murcia (13,80 por ciento), Madrid (13,32 por ciento), Cataluña (12,81 por ciento), Canarias (11,70 por ciento) y La Rioja (11,44 por ciento).

El porcentaje de mujeres en la economía sumergida creció un 5% en 2006, según CC. OO

E. ARMORA

BARCELONA. El proceso de regularización de 2005 ha provocado un descenso importante de inmigrantes en situación irregular, que han pasadop de representar el 53,30% en 2005 al 35,24% el pasado año, según datos facilitados ayer por el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de Comisiones Obreras (CC. OO.). También fruto de este proceso ha descendido la cifra de personas empleadas en la economía sumergida, que ha bajado de un 54,68% a un 27,39%, aunque en el caso de las mujeres esa corrección no se ha percibido sino que, por contra, ha aumentado, según el sindicato.

De la memoria de 2006 del CITE se desprende que el porcentaje de trabajadoras contratadas de forma ilegal ha aumentado un 5%. Hace dos años, ese porcentaje suponía el 54,37% de las mujeres, mientras que en 2006 aumentó hasta el 59,55%. El secretario de Inmigración de Comisiones, Ghassan Saliba, atribuyó ese incremento de mujeres en la economía sumergida a que «en su mayoría trabajan en el sector doméstico, uno de los menos regulados y el que más trabajo precario concentra». En total, este sector supone un 34% de la economía sumergida. Le siguen el de la construcción, que representa un 31,92% y el de la hostelería, con un 28,27%. Comisiones exige un Pacto Nacional para la Inmigración y una «actuación política realizada desde el consenso y la coordinación entre administraciones».

Las remesas de los inmigrantes crecieron un 35% en el 2006

Las remesas de los inmigrantes que trabajan en España a sus países de origen batieron en 2006 un récord histórico al superar por primera vez los 6.000 millones de euros, hasta llegar a 6.250 millones, con un crecimiento del 35,45% frente a 2005, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

De esta manera, las remesas enviadas por los trabajadores extranjeros a sus países de origen aumentaron el año pasado en más de 1.600 millones en relación a las remitidas en 2005, que ascendieron a 4.614 millones de euros.

Sólo en el mes de diciembre, los envíos de dinero de los inmigrantes se situaron en 649 millones de euros, lo que supone un récord mensual desde que hay serie histórica y representa además un incremento del 33,81% frente a diciembre de 2005.

Los datos de la autoridad monetaria ponen de manifiesto la entrada creciente de inmigrantes en España, ya que desde el año 2002 las estadísticas del Banco de España reflejan que las remesas de inmigrantes han ido creciendo de forma paulatina desde entonces.

Así, las remesas de inmigrantes en 2002 representaron 2.844 millones de euros, cifra que ascendió en 2003 a 3.475 millones, en 2004 a 4.189 millones y en 2005 a 4.614 millones.

Abaratar el coste

Como consecuencia de este aumento paulatino de las remesas, el Gobierno tiene previsto impulsar este año un conjunto de medidas para facilitar y abaratar el coste de estas remesas que envían los trabajadores extranjeros a través del sistema bancario.

De hecho, el Ejecutivo, los bancos y las cajas de ahorro firmaron a principios de año dos acuerdos de intenciones con el objetivo de trabajar conjuntamente para incrementar el impacto para el desarrollo de las remesas de dinero que envían los inmigrantes que residen y trabajan en España a sus países de origen, con acciones como la reducción de los costes de las transferencias, redes de asesorías asociadas a los receptores y líneas de crédito en los países de destino para poner en marcha planes de futuro.

Así, con el fin de promover una mayor participación e implicación de las partes y teniendo en cuenta la experiencia del impacto que para el desarrollo español tuvieron los envíos de dinero de sus emigrantes desde el exterior, se comprometieron a incidir sobre la transparencia y la competencia del mercado y aumentar las expectativas y oportunidades de futuro de los emisores y receptores de remesas .

En concreto, se promoverá que la recepción de remesas se asocie a líneas de crédito de ahorro o de inversión atractivas financieramente.